Llevábamos años persiguiendo una Ley para el Tercer Sector. Felizmente, ese reconocimiento se ha hecho expreso a través de un texto normativo que institucionaliza nuestra función y la de nuestros representantes en la sociedad actual, y que nos permite avanzar hacia una sociedad más justa y solidaria. ¿Cómo? En primer lugar, definiendo qué se entiende por Tercer Sector, que en España integra a más de 30.000 organizaciones de atención a diferentes colectivos: discapacidad, pobreza, voluntariado, inmigración, infancia, etc… en el que se implican más de cinco millones de voluntarios, emplea a 636.000 trabajadores y representa un 2% del PIB: una realidad económica y social al servicio de la defensa de los derechos humanos y sociales y la mejora de la vida de la personas.

Es importante que el Tercer Sector tenga un reconocimiento explícito y que se le incorpore como interlocutor de la Administración Pública en la negociación y toma de decisiones respecto a las políticas sociales, precisamente aquellas que le van a ser aplicadas a posteriori. La Ley, por tanto, convierte al Tercer Sector en sujeto y protagonista del ámbito público y permite que la sociedad recupere espacio en la ejecución y programación de las políticas sociales. Es un instrumento de cambio al servicio de la sociedad, en momentos en los que el aumento de la desigualdad y las situaciones de pobreza y exclusión son manifiestas. 

Cabe destacar, además, que la Ley no circunscribe el ámbito de actuación pública del Tercer Sector a un departamento específico, sino que participa del espíritu transversal con el que se deben abordar las cuestiones de índole social y propicia la interlocución entre diferentes departamentos competenciales, ya sea sanidad, educación, empleo, economía, vivienda o hacienda. No hay política social que produzca más pobreza que el asistencialismo, con el que a menudo se mejoran condiciones de vida de las personas pero se olvida ofrecerles capacidades mínimas para que decidan sobre sus propias vidas.

Cambia así la relación entre Tercer Sector y Administración Pública. Las entidades del Tercer Sector no serán ‘entidades satélites’ de la Administración, ni ‘entidades privadas’ en el sentido estricto que las conocemos, seguirán siendo entidades con origen o iniciativa privada y alma pública. Una combinación que permite desempeñar actividades en beneficio del interés general y asumir funciones de colaboración con el Estado en la defensa, cobertura y atención de las personas o colectivos que se encuentran en situación de pobreza o riesgo de exclusión. La Ley del Tercer Sector de Acción Social garantiza la equidad, la solidaridad interterritorial y el papel de cohesión que desarrollan las entidades del Tercer Sector a nivel nacional.

Por estas y otras muchas razones que se harán patentes en el desarrollo de la norma, celebramos la aprobación de la Ley, reconocemos el esfuerzo para que este proyecto se apruebe, si bien, entendemos que es el momento de dar un paso más:  tenemos la obligación de avanzar en los objetivos que establece la Ley y reforzar su eficacia para que el Tercer Sector siga cumpliendo su papel en la sociedad y cuente con un marco estable de financiación.

Los seis millones de personas en riesgo de exclusión a los que atendemos cada año no pueden quedar al albur de las circunstancias y su situación no puede resultar comprometida por las coyunturas políticas o económicas. La inclusión social, la integración o el reconocimiento de los derechos fundamentales están por encima de las circunstancias. Esa es la lógica y el sentido de que exista un Tercer Sector, que ahora tiene ya una ley.

Luciano Poyato, presidente de la Plataforma del Tercer Sector