100.000 consumidores en peligro cada día

El viernes 5 de diciembre de 2014 el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas informaba en un comunicado oficial que, a través de una resolución del secretario de Estado de Hacienda, se ha notificado e impuesto una sanción de 25 millones de euros a la Organización Impulsora de Discapacitados (OID) “como responsable de una infracción muy grave, establecida en la Ley de Regulación del Juego, al realizar actividades ilícitas de juego”. Además, Hacienda afirma que “la OID es una organización de ámbito estatal que imprime, distribuye y comercializa productos de lotería de carácter ilegal en todo el territorio nacional, de forma ambulante, y mediante un portal de internet” (Ver nota del Ministerio de Hacienda).

Es sin duda una buena noticia para todos pero, muy especialmente para los más de 100.000 ciudadanos que, actuando con buena fe y como consumidores habituales de juego, se enfrentan cada día y sin saberlo a una situación de total indefensión ante este tipo de productos que, como bien apunta el Ministerio de Hacienda en su sanción, son “productos de lotería de carácter ilegal”.

La gestión del juego en España, como otras múltiples actividades, requiere una autorización previa de los órganos competentes: la Administración General del Estado o las Comunidades Autónomas, según el ámbito territorial en el que operen. Es algo que parece razonable pero, a pesar de ser así, muchas entidades, como la OID, venden lotería semejante a la de la ONCE a través de redes minoristas de colaboradores que actúan fuera de toda legalidad, bajo el pretexto de ayudar a las personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social.

Con ello tratan de confundir a los consumidores y a la sociedad, incluidos los poderes públicos, transmitiendo la idea de que su actividad y sus fines son similares a los de ONCE u otras organizaciones sociales, aunque la realidad es que los ingresos obtenidos por la venta de sus boletos no se destinan a ningún fin social, sino al beneficio exclusivo de los  dirigentes de estas entidades.

Las autoridades competentes no debieran quedarse en esta sanción administrativa -que por su elevado importe de 25 millones de euros ya da una idea de la gravedad de la actuación ilícita-, sino que deberían ser conscientes de la necesidad de perseguir y erradicar completamente este tipo de juego con todos los mecanismos que el Estado de Derecho pone a disposicición de la Administración y, muy especialmente, aquellos que se dirigen a la protección de los ciudadanos, que son los más afectados.

Según los datos existentes, a finales de 2013, más de 50 organizaciones de este tipo operaban juego ilegal en toda la geografía, para lo que se aprovechaban de  casi 4.000 personas ejerciendo la venta, y acumulaban unos ingresos globales de 83,9 millones de euros. Esto supone un fraude en toda regla para más de 100.000 personas que cada día, en toda la geografía, compran este tipo de producto fiándose de su legalidad.

La inmoralidad de los impulsores de estas actividades fraudulentas es innegable y aún lo es más cómo se aprovechan de situaciones de desamparo, crisis y riesgo de exclusión social a la que se enfrentan muchos ciudadanos (inmigrantes sin documentación, personas atrapadas por impagos, personas con discapacidad, parados de larga duración, etc...) para explotarles introduciéndoles en  unas  redes de venta, al margen de cualquier  legalidad  y  moral. No se puede ser legal si se vende algo ilegal. Y si algo es ilegal, el Estado y el resto de Administraciones Públicas deben actuar con toda su energía para que no exista.