En estos días estamos celebrando 40 años de la Constitución Española, que es prácticamente lo mismo que decir 40 años de democracia en España. El tiempo pasa veloz y las sociedades evolucionan a un ritmo frenético que nos obliga a una continua evolución.  Mucho se ha escrito en estos días sobre lo ocurrido en todos los ámbitos y esferas de la vida colectiva, pero menos sobre la importancia de la pujante sociedad civil que hemos impulsado juntos, actor destacado de estas cuatro décadas, vigilante perpetuo para que las realidades más cercanas a las personas y los derechos sociales tan rotundamente recogidos en las Constitución no pasaran desapercibidos y, en ocasiones, olvidados.

En 2012 me asomé a estas mismas páginas para recordar que existen modelos representativos en los que las personas son lo más destacado y la defensa de los derechos de ciudadanía se convierte en clave de acción; les anuncié entonces el nacimiento de la Plataforma del Tercer Sector.  Para nueve millones de ciudadanos en riesgo de exclusión se trataba de un paso más en la aplicación y desarrollo del camino que la Constitución abrió en 1978 y que define con rotundidad en su artículo primero como un “Estado social y democrático”, es decir, proteger a todos los ciudadanos en el ejercicio de los derechos humanos y otros de especial relevancia.

Porque parece claro que “las instituciones democráticas son el terreno más fértil para que fructifique toda la capacidad creadora de una sociedad” como bien apuntó la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, durante su discurso del pasado 6 de diciembre en el acto central de celebración de los 40 años de la Constitución.  Una afirmación que, a mi juicio, refleja lo ocurrido los últimos 40 años de convivencia democrática, que sitúan en primera línea y por mérito propio a la capacidad de la sociedad española como protagonista de esta evolución sin parangón, de este logro tan enorme como impensable.

Por eso quiero utilizar esta ventana para reivindicar aquí la acción de la sociedad civil en España como palanca clave en la creación de una ciudadanía preocupada por sus necesidades y que, cada día más, se une y trabaja para conseguir objetivos comunes. Esta ciudadanía es uno de los verdaderos responsables de estos cuarenta años de progreso que, con altos y bajos, nos ha conducido a situarnos entre las democracias modernas; y especialmente a nuestra sociedad, reconocida ya como una de las más activas, solidarias y comprometidas del mundo.

Y precisamente, esa sociedad civil ha surgido en torno al cumplimiento de estos derechos sociales, de verdadera ciudadanía, para reivindicar su cumplimiento –siempre con un discurso de moderación y consenso-, pero a la vez, como valedores para que, quienes lo tienen más difícil, encuentren en este rico mundo del asociacionismo el apoyo, la representación y las soluciones que, en ocasiones, el propio sistema no es capaz de cubrir, bien por imposibilidad, bien por los límites o trabas que se encuentran los  individuos al ser considerados como un todo aislado.

La sociedad civil en España ha logrado conquistar en los últimos años todos los ámbitos, especialmente aquellos que engloban las cuestiones que más afectan a las personas: mujer; inmigración; discapacidad; infancia; medioambiente; pobreza; personas mayores; exclusión; salud… y han logrado un nivel de representatividad muy elevado, apreciable en claros ejemplos de acción como, sin ir más lejos, lo ocurrido el pasado 8 de marzo en torno a los derechos de la mujer.

Hoy no se entiende ya el avance de nuestra evolución como país y tampoco las relaciones de la ciudadanía con los poderes del Estado sin la intermediación de la sociedad civil. Pocas leyes salen del Congreso de los Diputados sin haber escuchado previamente, negociado, incorporado, valorado o consultado a las personas a quienes van dirigidas y a quienes les representan. “Nada para las personas con discapacidad, sin las personas con discapacidad”, solemos defender en el mundo del asociacionismo relacionado con este grupo social, algo que es extensivo al resto.

Permítanme que siga esta línea del asociacionismo relacionado con las personas con discapacidad, mi sector de ocupación y preocupación. Unas 8.000 asociaciones agrupadas bajo el paraguas del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) hemos logrado con consenso parlamentario y social global dos hitos históricos: reformar el artículo 49 de la Constitución para suprimir el término “disminuido” y cambiarlo por personas con discapacidad; y permitir el acceso al voto de casi 100.000 personas con discapacidad intelectual que antes lo tenían cruelmente anulado.

Y no me quiero olvidar de dos aspectos importantes: la proyección de la imagen de la ciudadanía española cada vez más inclusiva y moderna hacia adentro, pero, muy especialmente, fuera de nuestras fronteras; y cómo esa sociedad civil se convierte en apoyo e incluso sostén de la ciudadanía en momentos duros, como la última y severa crisis por la que hemos atravesado. Que no olvide nadie que ha sido esa sociedad agrupada y organizada la que ha estado detrás de los ciudadanos para impedir o al menos paliar que las vacas flacas sean más flacas, precisamente para los eslabones más débiles de la cadena.

Finalizo ya y no podría hacerlo sin volver a recordarles que toda esta sociedad civil nace del esfuerzo de todos los ciudadanos, de su acción social, que se suma para generar sociedades mejores. Así ocurrió en 1938, cuando un grupo de personas ciegas se unió para rechazar una pensión pública y buscar juntos un medio de vida que dio origen a la ONCE. En 1942 teníamos 2.400 vendedores (el 23% no ciegos); cuando llegó la Constitución, sumábamos unos 15.000 empleados. Hoy, día de Santa Lucía de 2018, el Grupo Social ONCE cumple 80 años -40 en democracia- con 73.000 trabajadoras y trabajadores, el 58% con discapacidad. ¡Que la ilusión continúe!

Miguel Carballeda
Presidente de la ONCE