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Llevábamos años persiguiendo una Ley para el Tercer Sector. Felizmente, ese reconocimiento se ha hecho expreso a través de un texto normativo que institucionaliza nuestra función y la de nuestros representantes en la sociedad actual, y que nos permite avanzar hacia una sociedad más justa y solidaria. ¿Cómo? En primer lugar, definiendo qué se entiende por Tercer Sector, que en España integra a más de 30.000 organizaciones de atención a diferentes colectivos: discapacidad, pobreza, voluntariado, inmigración, infancia, etc… en el que se implican más de cinco millones de voluntarios, emplea a 636.000 trabajadores y representa un 2% del PIB: una realidad económica y social al servicio de la defensa de los derechos humanos y sociales y la mejora de la vida de la personas.